Hace algunos días el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer perteneciente a las Naciones Unidas dio a conocer su opinión del informe periódico emitido por el Estado chileno de los avances sobre esta materia. El Comité destaca la nueva normativa chilena (desde el año 2014) dirigida a la promoción de los derechos de las mujeres, donde se abordan temas como la no prohibición total del aborto, el fomento de la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral, la adopción del Acuerdo de Unión Civil, la creación de la Oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otros. Si bien señala como positiva la adopción de legislación destinada a promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, recalca su preocupación por las limitaciones que todavía tienen estas leyes, lo que se traduce en una baja efectividad en la manera concreta en que ellas actúan. Por ejemplo, se señala que la ley 20.609 de no discriminación, en una línea similar con el informe del año 2012 del mismo organismo, no incluye una definición amplia de la discriminación contra la mujer. Así mismo, a través de esta ley se han procesado sólo el 3% de los casos juzgados ya que ella carece de un mecanismo judicial para resolver estos casos. En otra área, la ley de identidad de género sigue pendiente, y finalmente, constata que han aumentado los casos de discriminación contra lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales mujeres dada la insuficiente protección jurídica existente.
El documento destaca además la necesidad de que en nuestro país se amplíe la creación de capacidad y conocimiento del tema en magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los administradores, los mediadores y de expertos sobre los derechos de la mujer. Un caso emblemático que ha estado en boga en los últimos días es el de identidad de género, que ha cobrado relevancia a propósito del Oscar ganado por la película Una Mujer Fantástica, protagonizada por Daniela Vega. En el mes de enero de este año la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permitirá a las personas trans cambiar su sexo registral. Uno de los cambios importantes es el referido a hacer del proceso uno de tipo administrativo y no judicial (personas mayores de 18 años podrán solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil, sin entregar evaluaciones psicológicas), algo que desde hace mucho tiempo se venía exigiendo. En el caso de los y las niñas, el proyecto permitía el cambio de sexo con la autorización de los padres, algo que se consideraba un avance significativo respecto a la legislación anterior, sin embargo en la cámara de diputados no contó con los votos suficientes para ser aprobado, lo que excluiría de alguna manera a los niños, niñas y jóvenes de la ley y con ello de un derecho básico, como la identidad, algo que el informe del Comité señala expresamente.
Esperamos que Chile acoja las indicaciones entregadas por el Comité y que ellas signifiquen cambios que se apliquen de manera ágil en nuestra sociedad, y no tengamos que esperar contingencias (felices en algunos casos), para que como país nos hagamos cargo de las injusticias que viven muchos y que afectan de manera especial a las mujeres.
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