Con hasta 3 años de cartel, tendrían los infractores, según el proyecto que reforma el actual código penal, la ley de prensa y la norma que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Este lunes la presidenta Michelle Bachelet firmó este proyecto de ley, que El Movilh y la Comunidad Judía de Chile propusieron en su momento, hace 10 años más o menos.
El proyecto da como pena de presidio menor en su grado mínimo de 61 a 540 días y una multa de $1.400.790 a $2.334.650 contra “cualquiera que públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión, incitar directamente a la violencia física en contra de un grupo de personas o de un miembro de tal grupo, basado en la raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias de la víctima”. En caso de que el delito lo cometiese un funcionario público en ele ejercicio de su funciones, la pena iría de 541 días hasta 3 años + la multa de 50 UTM.
La ley además tendría un alcance jurídico a personas como dueños, controladores, responsables, ejecutaivos, representantes de tales entidades que incitasen a violencia. Se modifica la ley de prensa, en tanto ya no sólo habrán multas, sino también cárcel.
La presidenta una vez firmados los documentos declaró: “Este proyecto de ley busca una patria respetuosa de la diferencia” precisó, “con dolorosa frecuencia nos enteramos de casos de agresiones verbales, físicas o psicológicas, motivadas por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, religión, creencias, culturales o de la nacionalidad de la víctima”.
En el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, desde el 2002 hasta el 2016, se denunciaron 484 discursos de odio y 306 campañas homo/transfóbicas. Este año el más importante fue el “Bus del Odio” que recorrió Santiago.
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