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¿Se está respetando el acuerdo para reconocer títulos Universitarios entre España y Chile?

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¿Se está respetando el acuerdo para reconocer títulos Universitarios entre España y Chile?

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En relación al “ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE”

Con fecha 16 de Mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de España, el denominado “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados académicos de educación superior universitaria entre el Reino de España y la República de Chile” y que fuera suscrito en Santiago de Chile el 23 de junio de 2017.

No son pocas las publicaciones en distintos medios chilenos que dan cuenta de tal Tratado anunciando lo que, en apariencia, sería una oportunidad de presumible rapidez en los reconocimientos de títulos en ambos países.

Pues bien, vamos a analizar la cruda realidad en España:

Este Convenio indica, en su parte preliminar, como objetivo de dicho instrumento “el establecer mecanismos ágiles de mutuo reconocimiento de títulos académicos de educación superior universitaria”. Vale decir, la celeridad y dinamismo que debe dársele a este proceso de reconocimiento se convierte en un fin fundamental a seguir. No obstante y habiendo entrado en vigencia el día 24 de Junio de 2018, no ha habido modificación alguna en los procedimientos de reconocimiento y homologación de títulos en las diversas instituciones y, específicamente, en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de España. Cuando se les consulta acerca de la vigencia y alcance de este Convenio, se limitan a indicar que no hay disposiciones administrativas que establezcan cambios y que, al parecer, se le daría “cierta celeridad” al proceso, sin expresar ni avistarse cambios reales y efectivos algunos.

 

Cabe indicar que, según señalan en el mismo Ministerio, el antiguo procedimiento de reconocimiento dura entre 12 a 18 meses, tiempo que en la práctica, hemos podido apreciar se extiende en muchos casos, a dos años o más.

 

Ello, trae como consecuencia un perjuicio económico y sicológico evidente a todos los profesionales chilenos que se encuentran en situación de querer ejercer la profesión que han estudiado, toda vez que no se pueden desempeñar en el área de sus competencias relativas a sus títulos profesionales por todo este período de tiempo, que a todas luces se hacía excesivo y que el Convenio se suponía pretendía disminuir.

 

Si este instrumento jurídico internacional ha sido aprobado por los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, ha sido publicado en el BOE y ha llegado la fecha de entrada en vigencia que ahí se establece, tiene plena eficacia jurídica, estableciendo derechos y obligaciones entre los Estados, para con las nacionales de cada uno. Pues bien, si en su parte preliminar se establece como objetivo el hecho de que se le dé agilidad al proceso, se hace evidente que dicho Convenio y la normativa y procedimientos que se establezcan en virtud de él, deben propender a mejorar las condiciones existentes antes de su celebración y, en ese sentido, otorgarles celeridad a los procesos de reconocimiento. De otra forma, estaríamos frente a una mera declaración de principios sin efecto jurídico alguno, pero contenidos en un recipiente de plena eficacia legal, cual es un Convenio.

 

Si nada cambia en beneficio de los nacionales de cada país en esta materia, quiere decir que se le están desconociendo sus derechos esenciales emanados de su naturaleza humana y de los dispuesto en las respectivas Constituciones, así como lo señalado en el Convenio mismo.

 

En efecto, el derecho a la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, a la dignidad, el derecho a la integridad física y moral del individuo y de su familia, el derecho al trabajo, el derecho de propiedad-en este caso sobre su título y el derecho al reconocimiento de forma ágil- son tan solo algunos de los derechos que se ven conculcados con el actual procedimiento en vigor y que no fuera sido modificado en manera alguna, hasta esta fecha, no obstante la vigencia del Convenio.

 

Estos profesionales deben desempeñarse en labores de cualificación menor con importes retributivos mínimos, lo que afecta no solo al individuo sino que a las familias de las que forman parte.

Cabe señalar, además, que los extranjeros son también titulares del derecho a obtener la debida celeridad en los procesos administrativos, el cual constituye un principio fundamental de la Administración Pública Española, junto con el de economía y eficacia (STC 124/1999 28 de Junio; 125/1999 28 de Junio).

 

El Acuerdo dispone para el reconocimiento que los títulos de cada país cuenten con la acreditación de los diversos organismos competentes (CNA y ANECA en Chile y España, respectivamente) y   cada Parte “podrá” exigir que dichos títulos y grados guarden equivalencia, en cuanto al nivel académico, contenidos, duración y carga horaria, con los planes de enseñanza vigentes en la Parte que otorgue el reconocimiento. Pues bien, disponiendo entonces de la documentación necesaria de acreditación debidamente legalizada y apostillada que demuestre tal equivalencia, no debiera demorar años el proceso pues ello atenta contra los derechos esenciales de los nacionales de cada país y contra el espíritu y objetivos trazados en el Convenio vigente.

 

En relación a la entrada en vigor de la nueva normativa se indica que: “El presente Acuerdo entrará en vigor el 24 de junio de 2018, sesenta días después de la fecha de la última comunicación por la que las Partes se notificaron recíprocamente, por vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos jurídicos internos, según se establece en su artículo VIII.”

De esta manera, queda en evidencia que se trata de un convenio plenamente en vigor por norma expresa, que genera los derechos y obligaciones consecuenciales para ambos Estados.

 

En concordancia con este Convenio, con la Constitución Española y con el Derecho Internacional de los derechos humanos, la Administración debe resolver en tiempo adecuado y razonable las solicitudes de forma que permitan de manera efectiva el ejercicio de los derechos de los chilenos. Así mismo, y por disposición de la Constitución y los Tratados Internacionales vigentes, se encuentra en la obligación de remover todos los obstáculos que limiten la titularidad y tal ejercicio, pues cualquier otra actividad administrativa vendría en constituir el desconocimiento del contenido esencial de los derechos de los chilenos.(art. 9 apartado 2 y 53 C.E.)

Cualquier limitación que haga impracticable, dificulte más allá de lo razonable o despoje de la necesaria protección que exige el texto constitucional de los derechos mencionados, sería una vulneración de su contenido esencial, según el mismo Tribunal Constitucional español ha establecido y una contravención de los dispuesto en el art. 53 del texto constitucional, como indicáramos.

 

De esta forma, se hace indispensable el desarrollo e implementación en sede administrativa de un nuevo procedimiento de reconocimiento de títulos en favor de los chilenos que cumpla con los objetivos en vista al tiempo de su celebración y que venga en respetar los derechos de quienes se encuentran en posición de ser titulares éstos, que represente real y efectivamente un avance en cuanto a los tiempos de reconocimiento y deje atrás las dilaciones indebidas, todo ello en concordancia con lo dispuesto no solo en el Convenio en cuestión, sino con lo dispuesto en al art. 1 de la Constitución relativo a la justicia y la igualdad, al art. 9 aparatado 2 que obliga promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Especial relevancia adquiere lo dispuesto en esta última norma, toda vez que la posibilidad de contar con el reconocimiento de tu título profesional incide claramente en la libertad que cada individuo tenga de acceder a trabajos que requieren la especialización por la cual se ha formado y desempeñarse en condiciones de igualdad con otros españoles de equivalente formación. El Estado tiene entonces, la obligación de remover este obstáculo que impide a los chilenos acceder en tiempos prudentes a la titularidad de ese reconocimiento.

 

Finalmente, cabe señalar que estamos en presencia de un derecho fundamental que dice relación evidentemente, con la dignidad de los individuos, que incide en el libre desarrollo de su personalidad y que, por tanto, se encuentra protegido por lo dispuesto en el art. 10, apartado 1 de la C.E.

 

Tratándose entonces de derechos humanos que están siendo conculcados   debemos concluir necesariamente en que son derechos que se encuentran reconocidos a los extranjeros y respecto de los cuales son titulares y, por ende, podrían solicitar su tutela efectiva a través de los Tribunales de Justicia, para el caso de que la implementación de un nuevo procedimiento, que represente avances efectivos en cuanto al tiempo de reconocimiento de títulos, no sucediera en el corto plazo.

Los Estados, como los particulares, deben responder por las obligaciones válidamente asumidas y ello representa un estado de madurez político y jurídico, insoslayable. Lo pactado obliga.

Abogado Universidad Diego Portales, Mediadora Familiar. pulsojuridico@gmail.com

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